El delantero de River, Miguel Borja y su esposa Linda Pérez Martínez fueron denunciados por maltrato a sus hijos, de 7 y 10 años, por parte de la directora del colegio al que asisten.

La presentación judicial la inició Valeria Goluza, directora del “Instituto Grilli”, ubicado en la localidad bonaerense de Canning. La causa está en manos de la UFIJ N°3 de Ezeiza, especializada en delitos sexuales, delitos conexos a la trata de personas y violencia de género y familiar.

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La fiscal del caso es María Lorena González, la misma que lleva adelante la investigación contra el exfutbolista y dirigente de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, por violencia de género contra su expareja Lucia Cassiau.

Tras conocerse el hecho, se le realizó una entrevista a Miguel Borja, su esposa y los hijos con el servicio local de niñez y no se constataron rasgos de violencia física, por lo que regresaron a casa con sus progenitores.

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¿Qué dice el acta de la directora del Instituto Grilli?

“Uno de los alumnos refirió ante su maestra que en su casa sufría violencia física, refiriendo que cuando se portaban mal tanto él como su hermano, sus padres les pegaban con cintos en las piernas”, sostiene el acta.

Además, afirma que el menor de los hermanos dijo entre llantos: “No hablen con mi papá porque me pega".

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¿Cómo se llevan adelante estas denuncias?

En este tipo de denuncias, lo primero que hace la Justicia es una corroboración para ver si es necesaria una intervención urgente a través del testimonio de las presuntas víctimas. Al haber menores de por medio, el abordaje tiene que ser mucho más riguroso, ya que lo que se prioriza es el contacto entre los progenitores y si se logra detectar algún rasgo de violencia física.

Es vital para la causa cómo explican los menores los episodios de violencia. A su vez, en este tipo de casos muchas veces es normal que el miedo los haga declarar cosas que distan de lo que habían expresado en una primera instancia.

Un aspecto fundamental es que si no se pueden corroborar ciertas agresiones, las causas no se cierran, sino que se archivan. Esto permite a las presuntas víctimas que en un tiempo, ya sea meses u años, puedan volver a declarar y decir lo que haya ocurrido.