El Gobierno de Chile apunta contra la ANFP y la Universidad de Chile por supuestos vínculos con barrabravas

El Gobierno de Chile apuntó contra la Federación de Fútbol de Chile (ANFP) y la Universidad de Chile por levantarle el castigo a Maikool Muñoz Castro, a quien se le había aplicado derecho de admisión por graves incidentes ocurridos en enero de este año en el equipo “azul”.

En un amistoso entre Coquimbo Unido y la Universidad de Chile, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Muñoz, que estaba sancionado, intentó ingresar de forma violenta al recinto. La Delegación Presidencial interpuso una denuncia en contra del fanático azul, la que no perseveró en la Fiscalía.

Por este motivo, el barrabrava presentó una solicitud para ser eliminado del registro de admisión: “El requerimiento fue apoyado por el propio club Universidad de Chile, y el gerente de operación y seguridad de la ANFP, Felipe de Pablo”, informaron.

Sobre esta acusación, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló este martes que “las autoridades del sector privado, porque finalmente hay una Asociación Nacional de Fútbol y hay autoridades que la dirigen, tienen que asumir su responsabilidad y no buscar lavarse las manos, porque, finalmente, creo que esa persona nunca debió haber ingresado. Es un delincuente. De hecho, hoy está en prisión preventiva donde está procesado como el eventual autor de un homicidio”.

En el mismo sentido, agregó que “el Gobierno no tiene las facultades para levantar las sanciones. Lo que el Gobierno hace, Estadio Seguro hace y a veces las Delegaciones, es proveer los antecedentes de esa persona a las instituciones privadas y esos antecedentes de proveyeron y los antecedentes eran muy claros. Y desde esa perspectiva, la decisión tiene que explicarla quien la tomó”.

Posteriormente, indicó que “entiendo que se había abierto una investigación contra esa persona por un delito de agresión a un guardia en el marco de un evento deportivo en enero de 2024". 

“Es efectivo que la Fiscalía que lo estaba investigando cerró la causa y que a partir de ese cierre de la causa, esta persona recurre ante la ANFP para que le levanten la sanción, argumentando que, por lo tanto, no había ningún motivo para mantener la sanción, porque la Fiscalía había cerrado la causa”, agregaron.

"Pero si me pregunta, esa persona nunca debió haber ingresado a un partido de fútbol”, cerró Monsalve.

Qué dijo el presidente de la ANFP

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, explicó que “se solicitaron todos los documentos legales del proceso que se hizo con Maykool Muñoz, y posteriormente con la solicitud de esta persona, se solicitó a Estadio Seguro y a Carabineros si había alguna objeción en cuanto al derecho de admisión, y ellos dijeron que no tenía ninguna denuncia y ninguna prohibición de ingreso a los estadios. Estadio Seguro dio el vamos y Carabineros también”.

“Esta persona  presentó todos los papeles de que no tenía ningún antecedente correspondiente al hecho que fue denunciado a la Fiscalía y también al Juzgado de Garantía, que lo absolvieron completamente”, añadió.

Por último, comentó que “nosotros (ANFP) no somos la Fiscalía, nosotros tenemos dos aspectos de prohibición de ingreso a los estadios, que es el 101 (por Tribunales), y el 102 (por derecho de admisión denunciado por Carabineros, el jefe de seguridad y el organizador del evento), nosotros no tenemos más herramientas para saber si esa persona es delincuente o no es delincuente”.

La postura de la U de Chile

Desde Azul Azul, concesionaria que rige a la U, expresaron que “el Club Universidad de Chile no ha realizado gestión ni solicitud alguna para que se levanten estas sanciones a personas legalmente sancionadas por códigos 101 y 102. En ese sentido, es falso lo que se indica al respecto en el reportaje de Canal 13. Tal denuncia se realizó sin pruebas, declaración o documento que la sustente”.

En el mismo comunicado suman que “en la publicación se mostró un correo electrónico emitido desde nuestra institución y que, en cumplimiento de la Ley, se entrega únicamente a las autoridades políticas y policiales que aprueban y fiscalizan la operación de un partido de fútbol".

"Reprochamos el mal uso de este documento en el reportaje, ya que contrario a lo que se expuso, no tiene relación con ninguna gestión para levantar el derecho de admisión de un barrista, sino que se trata de la nómina que, por mandato legal, cada club debe informar a las autoridades sobre el uso de elementos de animación”, sentenciaron.