(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) Más allá de las peticiones de nulidad realizadas por el Real Zaragoza y el Levante, además de las defensas de varios de los acusados, el titular del juzgado de lo penal 7, decidió que prosiga el juicio por el posible amaño del partido Levante-Zaragoza de mayo de 2011.

Este miércoles se celebra la segunda jornada del juicio, que dio comienzo este martes en la Ciudad de la Justicia de Valencia con la presencia de 42 acusados, entre los que están Leonardo Ponzio, Nicolás Bertolo y el ex Jugador Leo Franco.

Según reconoció Javier Tebas, presidente de "LaLiga", fue un jugador del Zaragoza quien le dio la información que impulsó la denuncia. Tebas accedió a esta información cuando el futbolista buscó sus servicios como abogado. En eso se basaban las defensas para pedir la nulidad: en que Tebas habría roto el secreto profesional y ha dañado el derecho a la intimidad para llegar a la denuncia, según relata "El Periódico de Aragon".

"Se difiere su resolución al tramite de dictar sentencia por causas objetivas", explicó el juez y también apuntó que quienes pidieron la "nulidad" podrían haber "aducido esta cuestión en la fase de instrucción". También considera que la resolución de esta cuestión "requeriría un estudio prolijo y detallado y, dada su dificultad, conllevaría posibles graves demoras que podrían afectar al proceso".

Además, aclaró que su decisión "no trae consigo una merma en el derecho de defensa" y sobre el papel de Tebas, advirtió: "Deberá aclarar en su condición de testigo cuál es la fuente y si fue la única o al menos la decisiva".

El presidente de LaLiga se acogió al secreto profesional para no desvelar el nombre del supuesto jugador del Zaragoza que le habría trasladado la información. Uno de los abogados de las defensas aseguró que el hombre está entre los que hoy están sentados en el banquillo.

Sobre el calendario de indagatorias, el Juez otorgó la chance a los 42 acusados de "no tener que asistir a las sesiones en las que no tengan que declarar", pero se abstuvo de "fijar un calendario de asistencia".

En ese sentido, ordenó que al final de cada jornada se indicará quiénes deben acudir al día siguiente, lo que provocó protestas de varias de las defensas, especialmente las de los acusados que viven en el extranjero porque aseguraron que, sin un calendario previo, la dispensa es "simbólica" y les obligará a permanecer en Valencia. El Juez, en este sentido, sentenció: "el interés particular de los acusados debe ceder ante el interés público".

"No se puede hacer un calendario previo porque resultaría imposible ajustarlo a priori, ya que un interrogatorio puede durar más o menos", justificó el Juez y agregó: "Las personas sentadas en el banquillo tienen la consideración de acusados y están sujetos al tribunal" y apuntó que "señalando quién debe comparecer al día siguiente se les causa el menor perjuicio posible".

No conforme con esto, apuntó que vivir en el exterior no puede ser el argumento para pedir esta suerte de "calendarización" de las indagatorias e incluso advirtió que "podría justificar en sí mismo lo contrario".