El Gobierno impulsa un proyecto de ley para que las barras sean consideradas “organizaciones criminales”
La iniciativa consiste en aplicar penas a los integrantes de los grupos violentos por transportar armas o revender entradas de protocolo. Podrían afrontar de dos a cuatro años de prisión. Detalles.
El Gobierno trabaja en un proyecto de ley para considerar a las barrabravas como organizaciones criminales y terminar con los negocios ilegales que las rodean. Esto permite considerar sus actividades como delitos de asociación ilícita, aplicándoles penas de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo, entre otras actividades.
Actualmente, la propuesta se encuentra en revisión en el área de Legal y Técnica de Presidencia, apunta a tratarlas como asociaciones ilícitas, con penas más duras tanto para sus integrantes como para los dirigentes que colaboren con ellos, según informó TN.
Además, el proyecto apunta también los negocios ilegales vinculados al fútbol, como el control de estacionamientos por trapitos en las inmediaciones de los estadios, otra práctica que será castigada penalmente. El enfoque general de la ley busca cortar las fuentes de financiamiento que sostienen a estas organizaciones, que lucran mediante amenazas y extorsión.
En la misma medida, existe una importante advertencia para dirigentes de los clubes, que estarán bajo la lupa aquellos que entreguen entradas a las barras o mantengan connivencia podrán recibir sanciones de hasta seis años de prisión.
El proyecto también responsabiliza a los organizadores de eventos deportivos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con impedimentos legales. La medida busca cerrar cualquier brecha que permita a los barras operar con impunidad dentro de los estadios.
¿El proyecto ante de la “guerra” propuesta por Rafael Di Zeo?
Otra medida que se aplicará es el endurecimiento del régimen de inhabilitación administrativa: las autoridades podrán impedir el ingreso a los estadios a personas imputadas por delitos, incluso sin una sentencia firme.
Un ejemplo de esta política se dio con Rafael Di Zeo y “Skeletor” Maciel, dos jerarcas de ”La 12″, la barra de Boca Juniors, que fueron imputados por tenencia de armas y se les aplicó una restricción de concurrencia por tiempo indeterminado. Si el imputado resulta condenado, además de cumplir su pena, se le prohibirá el acceso a los espectáculos deportivos de manera permanente.
La noticia se produce dos meses después de que un audio atribuido a Di Zeo, histórico líder de la barra brava de Boca Juniors, causara controversia por las amenazas explícitas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En la grabación, Di Zeo advierte que está dispuesto a iniciar una “guerra” en respuesta a la aplicación del programa “Tribunas Seguras”, que busca regular y prevenir actos de violencia en los estadios de fútbol a través del derecho de admisión.