El abogado Javier Moral, en representación de los sobrevivientes Telmo Huanca Rodríguez y Joaquín Zúñiga Gómez, y Gregorio Dalbón, por parte de la familia de la víctima, realizaron el pedido de elevación a juicio de los 14 efectivos de la Policía de la Ciudad imputados por el crimen de Lucas González en noviembre pasado. El pedido formal fue presentado ante la jueza Paula Verónica González, que debe esperar las presentaciones de la defensa de los policías y de la fiscalía.

Tanto Dalbón como Moral, consideraron que esta parte de la investigación ya está completa y, en consecuencia, corresponde que los procesados afronten la etapa del juicio oral para que reciban su castigo correspondiente.

Cabe recordar que los integrantes de la fuerza de la Ciudad, Gabriel Alejandro Issasi, Juan José Nieva y Fabián Andrés López, están acusados por "homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, por placer y odio racial, con el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función o cargo".

En tanto, Fabián Alberto Du Santos, Héctor Claudio Cuevas, Juan Horacio Romero y Roberto Orlando Inca, están imputados por "haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas por personal de la División Intervenciones Judiciales de la Policía Federal Argentina y en la nota inicial confeccionada el 18 de noviembre de 2021 por el Juzgado Nacional de Menores N° 4", el primero que intervino en el caso, cuando los uniformados intentaron simular que habían sufrido una "agresión ilegítima".

Finalmente, Daniel Alberto Santana, Ramón Jesús Chocobar, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos, Daniel Rubén Espinosa y Rodolfo Alejandro Ozán llegarán a juicio bajo cargos de "haber ayudado a los imputados Issasi, Nieva y López a eludir una investigación y el haber alterado los rastros, pruebas e instrumentos del delito al arribar al lugar de los hechos e intentar fraguarlo para aparentar que se había tratado de un enfrentamiento".

Los policías acusados por el homicidio son pasibles de la pena de prisión o reclusión perpetua, en tanto que los demás afrontan condenas menores que, no obstante, pueden llegar hasta los diez años de cárcel.