(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) Los incidentes que ocurrieron el pasado 24 de noviembre de 2018, cuando se frustró la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, fueron el caldo de cultivo ideal para que desde Balcarce 50 vuelvan a la carga para intentar promulgar la “Ley Anti-Barras” con un espíritu más “punitivista”, que buscaba crear un nuevo régimen de delitos tipificados dentro del ámbito de un estadio de fútbol y/o sus alrededores.

Sin embargo, el proyecto que parecía uno de esos que no iba a poder ser rechazado, ya que iba en contra de las barras bravas, encontró resistencia a la hora de desmenuzarlo punto por punto. 

El proyecto original logró unanimidad casi en “general” Diputados el pasado 18 de diciembre, pero volvió a Comisiones, tras una moción de Martín Loustau, para ser tratado “punto por punto” y volver al Recinto para lograr la media sanción y poder girar a Senadores. 

La Comisión de Legislación Penal, encabezada por la Diputada por Jujuy Gabriela Burgos, de UCR-Cambiemos y la Comisión de Deportes, encabezada por el ex candidato a Presidente y Diputado por Buenos Aires del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, son las que intentan lograr un consenso.

La primera gran diferencia yace en el espíritu de la ley. Mientras “Cambiemos” la pensó como una suerte de “Código Penal” para el fútbol, desde otros bloques, en especial desde el FPV, se buscó que la norma tenga más carácter preventivo que punitivo. Esto generó un nuevo problema: las medidas de carácter preventivo obligaban a los clubes a hacer un desembolso para poder afrontarlas, a saber: instalación de circuito cerrado de cámaras, creación de la credencial Fan ID, y otras cuestiones. En este punto, algunos Diputados pidieron plantear una diferencia entre los clubes “grandes” y otros más “pequeños”, incluso entre los clubes profesionales y los clubes de “barrio”. Algo que también generó debate interno y que será abordado por los expositores de cada bloque.

El Oficialismo agregó algunos puntos preventivos al nuevo proyecto que empezó a gestar luego que se trabara todo el pasado 21 de este mes. “Crear un régimen preventivo genera un gasto de más dinero”, le dice a “Doble Amarilla” una fuente parlamentaria con acceso a los Proyectos de Ley desde el principio y el tema ahí es quien se hace cargo del desembolso, ¿los clubes o el estado?. 

Otro punto que genera rispideces es, justamente, la tipificación de algunos delitos y la cantidad de penas. En el proyecto original, se contemplaban condenas que iban de los 2 a los 6 años para quienes porten armas de fuego o artefactos explosivos sin autorización en espectáculos deportivos, para otro tipo de elementos (objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes o tóxico) se hablaba de penas de seis meses a dos años. 

También se iba a ir fuerte contra los “trapitos” o “cuidacoches”. Se especulaba con penas de uno a seis meses de prisión y de dos a cuatro años si el pedido de dinero por el cuidado del vehículo "se desarrollare con exigencia de una suma de dinero, fija o variable".

Esta tipificación no es del agrado de otros bloques: “Si tiras un botellazo y le pegas a alguien te pueden dar 8 años, lo mismo que si matas a una persona. Ese tipo de cosas son las que hacen difícil que un proyecto prospere”, definen.

Otro punto, es que no para todos los bloques la visión de “derecho penal” y de cómo se “previene la violencia” coincide. Ni siquiera, dentro de los propios bloques, lo cual lleva al gran quid de la cuestión, más allá que es voluntad de la mayoría que salga la ley (la votación en diciembre salió por 199 votos afirmativos, tres abstenciones y un sólo voto negativo) cada bloque busca “parir” su propia versión de la ley y, ubicado en eso, parece difícil lograr acercar posiciones.

Otro punto de debate es el artículo mediante al cual se pena a aquel directivo que entregue entradas. “Algunos bloques planteaban una diferenciación entre clubes grandes y clubes chicos, entendiendo que los últimos no tenían una gran infraestructura”. Sucede que la ley preve que se cree una “figura penal” para penar a aquellos que vendan entradas por fuera de los medios autorizados. “Hay clubes que tienen un mecanismo de venta de entradas cuyo sistema es más sencillo y se les dificulta poder controlar a quienes están vendiendo las entradas”, le aclara a “Doble Amarilla” alguien que estuvo cerca de la redacción del proyecto de la oposición.

El otro gran artículo que genera controversia es el que impulsó la Coalición Cívica ARI, el espacio liderado por Elisa Carrió y que habla de “incompatibilidad” de un funcionario público para ejercer algún cargo en un club de fútbol. Explican desde el Congreso que en la mayoría de los bloques hay diputados que tienen algún cargo o rol en varios clubes: “Ese artículo es un tiro en la rodilla para todos, no sólo para el Peronismo. Van a buscar la manera de voltear eso”, le dicen a “Doble Amarilla” una voz que está en la “cocina” del Palacio Legislativo y aclara que ese artículo “Es la pieza del acuerdo que le dieron a Carrió para que ellos estén de acuerdo con la suba de las penas, buscaban penas mas bajas para algunos delitos”.

Del lado del Oficialismo coinciden en que estos son los puntos más calientes de debate por la ley y también afirman ver que hay “una cuestión política de fondo en la falta de acuerdo. Intentamos avanzar hace dos semanas en un dictamen común y reclamaron desde el Frente Para la Victoria tener la chance consultar a las personas que intervienen en el fútbol y es algo que va a suceder en las próximas semanas”, le cuentan a “Doble Amarilla”.

¿Cómo seguirá la historia luego de las próximas semanas? Gente cercana a la Comisión de Legislación Penal le contó a “Doble Amarilla” que “La idea es que a partir de las exposiciones haya una posibilidad de ir con un dictamen con la mayor cantidad de consensos posibles. Pero sabemos que algunos sectores como el Frente Renovador van con la idea de tener un dictamen propio”.

Del lado de Cambiemos admiten “Divergencias en la parte punitivista”. ¿El motivo? Desde el FPV consideran que el actual código Penal prevé esas conductas y no tienen porque generarse nuevas penas.

También, desde el oficialismo un asesor de uno de los legisladores confirmó que la ley no volvió al recinto aún porque “Había una expresión desde todos los bloques de querer avanzar con una ley, pero había muchas divergencias. Se votó a favor en general, por unanimidad. Se aprobó en general y artículo por artículo había muchas observaciones. Iba a salir, si salía, muy ajustada, iba a ser muy confusa, muy “sucia” y queremos que salga lo más “limpia” posible”. De parte de “Cambiemos” se hizo un trabajo en que se tomaron las observaciones planteadas en dictamen y comisión”

La misma fuente, define un poco, el estado de situación que ven desde el oficialismo: “Acá hay evidentemente una dificultad política y que eso hace que el debate se esté aplazando. Vamos a ver mañana quienes vienen y veremos si hay un interés o no de los otros sectores en que efectivamente salga la ley. Va a ser difícil que salga una ley limpia o sin ser polémica. Hay un clima electoral que va a influir la decisión política”.

Del lado de la oposición son más pragmáticos en cuánto al futuro de la norma: “Salvo que sean contundentes los invitados, lo veo difícil. Más si coda uno sigue en su posición”.