Chile: la ANFP le pide al gobierno mano dura por la violencia en los estadios
Los hechos producidos en San Carlos de Apoquindo y el Monumental de Santiago alertan a las autoridades, que planifican medidas. En Quilín abogan por el endurecimiento de las penas para quienes cometan delitos. Pablo Milad ya se reunió con la ministra de deportes, Alexandra Benado.
En tan solo unos días, el fútbol chileno revivió su peor pesadilla en cuanto a los incidentes ocurridos con el público que se acercó a ver diferentes partidos.
Los mayores focos de conflicto se observaron en el estadio de la Universidad Católica y en dos ocasiones. Primero en el duelo ante Colo Colo, donde se produjeron enfrentamientos entre hinchas y luego en el choque ante Flamengo por la Copa Libertadores, en el que un niño fue herido por una bengala lanzada por un fanático cruzado, con consecuencias afortunadamente menores para la magnitud del hecho. Además, en la previa de Colo Colo vs. River todo se vio empañado por los intentos de invasión a la fuerza al estadio, que derivaron en corridas, cierres de los accesos y, nuevamente, riesgo para los espectadores que estaban a la espera del partido por Copa Libertadores.
Semejantes acontecimientos repercuten en todos los espectros socio-políticos del país trasandino. Hasta el Presidente Gabriel Boric habló del tema: declaró en Radio Cooperativa Chile sobre su idea de terminar con estos hechos desagradables: “Hoy, no afirmaría que los carabineros tienen que volver (a los estadios)... Son los clubes los que tienen que hacerse cargo de los espectáculos privados y tienen que mejorar, sin dudas”, profundizó respecto de las responsabilidades que deben asumir los organizadores de los espectáculos. Además, una exigencia: “Terminar con cualquier tipo de vínculo con organizaciones como las barras bravas”, plantea Boric, aunque, en rigor, eso ya está contenido en la actual ley. Y hasta hay fuertes castigos para quienes transgredan ese principio. El más duro es la pérdida de la categoría. "Va a haber una intervención", anunció, sin precisar más detalles.
Por su parte, la ministra de Deportes, Alexandra Benado, también mostró su inquietud. “No hay medias tintas. No vamos a aceptar ningún tipo de violencia en los recintos deportivos, pero a quien le corresponde asegurar que los partidos de fútbol profesional se lleven a buen puerto es a la organización, a la ANFP y a sus clubes”, estableció días después de los incidentes. "Dejamos una imagen deplorable en el país, continente y el mundo”, planteó.
Siguiendo esta línea gubernamental, Benado anuncia un plan concreto. “Si bien es una actividad de privados, tiene mucho impacto a nivel social y, por lo tanto, estamos preparando un conjunto de iniciativas que van a venir a mejorar materias como la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, lo que sucede con la ANFP y la organización de los partidos, qué pasa con los socios y los hinchas, que debieran tener una toma decisiones vinculantes en torno a la decisión de sus clubes y también mejorar la fiscalización que debemos tener como Instituto Nacional del Deporte, en relación con el fútbol profesional”, anunció. “No vamos a aceptar ningún tipo de violencia en los recintos deportivos. A quienes les corresponde asegurar que los partidos de fútbol profesional se lleven a buen puerto es a los clubes y a la ANFP. Nosotros, desde el Estado, tenemos que colaborar, con Carabineros o con otros entes como las delegaciones, pero, efectivamente, no vamos a tolerar ningún tipo de violencia en los estadios”, describió.
El presidente de la ANFP, Pablo Milad se reunió con Benado y planteó la necesidad de aumentar las penas a quienes infrinjan la ley. La postura de la Asociación y su mesa directiva es tajante: son partidarios de intensificarlas lo más posible, al extremo de llegar incluso a la perpetuidad en la prohibición de ingresos para quienes incurran en las conductas de mayor gravedad.
La otra parte del plan es preventiva y obligará a los clubes a realizar fuertes inversiones, más allá de las indicaciones que pueda plantearles el gobierno. Propondrán elevar las exigencias en los controles de ingreso para que los clubes puedan disponer de detectores de parámetros biométricos para individualizar a quienes, eventualmente, estén impedidos de acceder a los estadios. Además, se podría exigir vigilantes con un mayor grado de preparación, considerando la complejidad de los problemas que se presentan.
La siguiente etapa del acercamiento con las autoridades es la relación con los nuevos encargados del plan Estadio Seguro. La relación debería ser buena, pues la dirección del departamento, dependiente de la Subsecretaría del Interior, la asumió Pamela Venegas, ex funcionaria de la asociación. Por qué sucede esto, en el marco de un deporte que mueve masas y de todos los aspectos sociales chilenos, es una respuesta que las autoridades y el fútbol deben dar aún y que esperan estar a tiempo de encontrar.