La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que la causa por abusos sexuales en las divisiones inferiores de Independiente debe investigarse únicamente en Lomas de Zamora, desestimando así el planteo de un tribunal que la había desarmado para enviarla a La Plata, San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires.

La causa por abusos en la pensión de Independiente fue un antes y un después para las divisiones inferiores del fútbol argentino. Luego del primer testimonio, se sumaron los de otros 100 chicos de al menos ocho clubes para contar historias similares. El expediente se inicio en 2018 y la investigación concluyó en octubre de 2020, a la espera de una resolución judicial.

De acuerdo con la opinión de la fiscal de juicio, el tribunal provincial consideró que los hechos imputados son independientes entre sí, en tanto corresponderían a diferentes víctimas y habrían sucedido en diferentes fechas y jurisdicciones. De tal manera, declaró su incompetencia imparcial a favor de la justicia de San Isidro y La Plata, con respecto a una serie de hechos, y a favor de los tribunales porteños respecto a otros.

Los implicados en la causa son Leonardo Cohen Arazi, relacionista público; Alejandro Dal Cin, dueño de emprendimientos ligados al fútbol; Alberto Ponte, representante de futbolistas; Juan Manuel Díaz Vallone, empresario; Martín Bustos, ex árbitro de fútbol; y Silvio Fleytas. Se investigan los delitos de promoción de la prostitución, agravada, por resultar la víctima menor de edad y por su situación de vulnerabilidad, en concurso real con corrupción de menor de menores, grooming y tenencia de pornografía infantil.

Tras la decisión de desmembrar la mega investigación, un tribunal en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires rechazó esa postura al llegarle el tramo que habría sucedido en CABA. En el fallo, se indicó la decisión de repartir la competencia no sería acorde a la más pronta y mejor administración de justicia que debe velarse en casos como el investigado, donde no solo existiría “vinculación y comunidad probatoria entre los graves episodios investigados, sino que algunos de los jóvenes damnificados deberían declarar en distintas jurisdicciones”, lo que significaría “la reiteración de procedimientos que podrían resultar traumáticos”.

Por este conflicto de posturas, el caso llegó a la Corte. Allí, el procurador general interino opinó que “ante la relación fáctica y la comunidad probatoria que se advierte entre los hechos desarrollados en diferentes jurisdicciones que involucran a las mismas víctimas, es beneficioso concentrar el trámite en un único tribunal para favorecer la buena administración de justicia, evitar lo que podría significar una traumática reiteración de procedimientos idénticos en distintas sedes y la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias”.

La Corte Suprema con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, coincidió con la postura expresada por la Procuración y determinó que debe intervenir el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La causa se inició con la intervención del Juzgado de Garantías °1, a cargo de la jueza Brenda Madrid. Quien llevó adelante el caso fue la responsable de la Unidad Fiscal de Instrucción Número 4 de Avellaneda, María Soledad Garibaldi, quien realizó el requerimiento de elevación a juicio oral. Luego fue reemplazada por Mario Prieto en la instancia de debate.

Ya en diciembre de 2023, ese tribunal había condenado a cuatro acusados por los abusos a futbolistas juveniles de Independiente. Entre ellos, se condenó a 12 años de prisión al exárbitro Bustos, que se suman a los tres años de prisión condicional que ya le habían impuesto por ser autor del delito de “Grooming” entre mayo y junio de 2019.