La quiebra de Ferro: 20 años después, condenaron al juez que intervino en el proceso por llevar adelante “prácticas organizadas de corrupción estatal”

Un emprendimiento inmobiliario, pases de jugadores y control de la administración del club. Todo eso llevó a que el ex juez, Rodolfo Antonio Herrera, fuera condenado a tres años de prisión esta semana, al analizar su rol como magistrado del concurso preventivo y la quiebra del club Ferro Carril Oeste.

A pesar de ser considerado responsable de delitos como “cohecho calificado por su condición de juez en grado de tentativa; negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta”, Herrera no irá detenido. Su situación de salud (padece un cáncer) y su edad (76 años) fueron factores decisivos en eso.

Sin embargo, lo que sí se consiguió es que el ex magistrado en lo comercial se declarara culpable y responsable de lo sucedido. Esto fue debido a que se firmó lo que conoce como “juicio abreviado”: a cambio de no realizar el debate, fiscalía y defensa se ponen de acuerdo en una pena, pero también en que el imputado debe reconocer los delitos que cometió.

La trama delictiva de la causa es enorme. Herrera era juez en lo comercial en diciembre de 2002 y decretó la quiebra del club. A partir de ese momento, se interesó directamente en las contrataciones y desplazó en los hechos al órgano fiduciario, encargado de la administración de acuerdo a la ley de entidades deportivas. Nombró, además, personas de su confianza con el propósito de obtener “un beneficio patrimonial” y llevó adelante muchísimas maniobras de corrupción.

Dentro del fallo, dictado por la jueza Virgina Sansone, se hace foco en la negociación de un proyecto inmobiliario a realizarse en el predio que Ferro tiene en el barrio de Caballito. Para esto, un antiguo socio del club concertó una reunión en el despacho de Herrera -el 27 de noviembre de 2003- con una persona que se presentó como supuesto representante de un grupo inversor de origen francés, a quien le había encomendado un estudio de factibilidad de las obras, que estimaron en un valor de quince millones de dólares estadounidenses. 

“Herrera preparó todo lo necesario para lograr llevar adelante la construcción de las obras inmobiliarias, intentó captar a algún inversor que pudiera gestar un plan de desarrollo a quien le garantizaría preferencias en el futuro proceso licitatorio que sería diseñado de modo tal que asegurara que esa firma ganase la licitación que él dijo que tendría lugar, hizo pública la participación en ese proyecto del arquitecto Etcheverri, y consensuó de mutuo acuerdo con el supuesto representante de la firma posiblemente inversora la elaboración de un proyecto que sería ‘ganado’ por esa empresa luego de la ‘arreglada’ licitación”, marcó la magistrada.

Lo que en ese momento el juez no sabía es que le estaban tendiendo una trampa. Dentro de la causa, se mencionó la cámara oculta que realizó el programa televisivo “Telenoche Investiga”, ya que el supuesto inversor no era tal, sino que se trataba de una persona que el programa colocó para cumplir esa misión. 

El proceso abarcó también la intervención que el ex juez tuvo en el episodio relacionado con la cesión de los derechos económicos de los jugadores Cristian Alberto Tula y Eugenio Klein. El 5 de mayo de 2003, se firmó un contrato entre Gerenciar Sociedad de Fútbol S.A. y el Club Atlético River Plate mediante el cual la empresa declaró ser única y exclusiva titular del 100% de los respectivos derechos económicos. 

“Los delitos aquí juzgados constituyen una manifestación contundente de prácticas organizadas de corrupción estatal y corporativa empresarial”, marcó la jueza en su fallo. “Los graves delitos perpetrados por Herrera importaron claudicar toda expectativa del rol que cabía esperar de su condición de magistrado, incursionando en la concreción de un pacto delictivo a fin de usufructuar los resultados del propio proceso de quiebra que él tramitaba”, determinó.

A pesar de que sus maniobras fueron detectadas, Herrera siguió en su cargo y fue destituido recién en 2010. Curiosamente, en ese momento el Tribunal de Enjuiciamiento cuestionó la cámara oculta de Telenoche aunque ni eso alcanzó para atenuar los crímenes del ex juez y su mal desempeño.