Empresa que ganó licitación de las cámaras de seguridad en Uruguay dice que no tiene vínculo con la familia Vázquez
Así buscan despegarse del rumor que indicaba que Wilmar Valdez había pensionado al hijo de Tabaré en los audios que precipitaron su salida de la AUF. Antes, Walter Alcántara, quien grabó las charlas con Valdez, había afirmado que el ex mandamás de la Asociación nunca había mencionado al hijo del Presidente de la Nación.
(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) El empresario Diego Di Bello, director de la empresa DDBA, sello que ganó la adjudicación de las cámaras de seguridad y reconocimiento facial de los estadios de Uruguay Centenario, el Campeón del Siglo (Peñarol) y el Parque Central (Nacional) dijo que su empresa nunca tuvo ningún tipo de vinculación con ningún integrante de la familia de Tabaré Vázquez, Presidente del vecino país.
"No existe ningún tipo de vinculación familiar, ni personal, ni comercial ni de ningún tipo con el presidente y su familia", dijo Di Bello a El Observador, uno de los matutinos montevideanos. Una versión de los audios, manejada por varias fuentes cercanas al caso, apuntaba a que el nombre del presidente de la República y el de su hijo Javier –un empresario del mundo de la tecnología- aparecieron en una de las conversaciones entre el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez, y el empresario Walter Alcántara. Esas conversaciones giraron alrededor de la adjudicación de la instalación de las cámaras de videovigilancia. Pero, primero Alcántara y luego Di Bello, se despegaron del tema y desmintieron que Valdez haya nombrado al hijo de Tabaré.
Por su parte, para evitar problemas, Di Bello dijo que no conoce a Javier Vázquez. La elección de la empresa que ganó la licitación sería el eje de las sospechas. Es que Valdez, en una charla con Alcántara, había afirmado que “ya se sabía cuál iba a ganar”. Di Bello dijo que no existen elementos para afirmar que hubo favoritismo y subrayó que el segundo llamado terminó siendo de una "competencia bestial", que culminó con un remate a la baja convocado por la empresa ITC, propiedad de Antel, que asesoró a la AUF en el proceso. Desde el Ministerio del Interior se explicó a El Observador que nunca se le dijo a la AUF qué empresas debía escoger para comprar las cámaras de reconocimiento facial con el objetivo de incrementar la seguridad en el fútbol, sino que se hizo un listado de las especificidades técnicas que las cámaras debían tener. Las empresas que compitieran por la oferta debían contener ese tipo de tecnología. Esas especificaciones habrían sido cumplidas por la marca ganadora, siendo esto determinante a la hora de la elección. Por eso esa empresa fue la mejor puntuada y una de las "dos o tres" (según Di Bello) que ofrecían mejor precio. El costo que cotizaron las empresas mejor calificadas rondaba US$ 1 millón.