Una medida estatal ha causado un gran impacto en el seno del deporte de la penísula. El Consejo de Ministros de Italia aprobó este fin de semana un decreto que da lugar a la creación de una agencia independiente de control económico-financiero sobre los clubes profesionales de fútbol y de básquetbol del país.

El ente creado por decreto gubernamental estará compuesto por dos miembros de oficio y otros cinco designados, dos de los cuales surgirán de una lista de cinco propuestos por las federaciones, "por decreto de la primera ministra (Giorgia Meloni) o por la autoridad política delegada en materia deportiva", que sería el actual ministro Andrea Abodi, "o de acuerdo con el ministro de Economía", Giancarlo Giorgetti.

La medida anunciada por el gobierno le permitirá al flamante organismo realizar el control de las finanzas de cientos de entidades de ambas disciplinas deportivas que hasta ahora controlaban las federaciones. Por eso, esta decisión generó resistencia y protestas del Comité Olímpico Italiano (CONI) y de las federaciones deportivas incluidas en el decreto ley, aunque el ministro Abodi lo consideró "necesario" y afirmó que "la autonomía del deporte no está en riesgo", al tiempo que aseguró que una vez que sea aprobado será respaldado inclusive por los más escépticos.

"El objetivo de esta ley es común", explicó el ministro, al destacar que quienes expresaban su rechazo han moderado su postura y citó como ejemplo al presidente de la Federación Italiana de Básquetbol, Gianni Petrucci, quien según palabras de Abodi "reconoció que no está en peligro la autonomía del deporte".

"Tengo fe en Abodi porque ha sabido cumplir con su palabra", destacó por Petrucci, mientras que se aguarda por la opinión de la Federación Italiana de Fútbol (Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC) que preside Gabriele Gravina, a la espera quizás de conocerse el texto final del decreto, que podría sufrir cambios. La creación de esta agencia apunta a que los cerca de 100 clubes del fútbol profesional abonen sus impuestos y cargas sociales pues, según el gobierno, el Estado dejó de percibir cerca de 100 millones de euros por dichos conceptos en los últimos dos años.

A pesar de la resistencia de la FIGC, de los clubes de primera división y de la Liga de Serie A al proyecto, Abodi afirmó que el decreto "no pone en peligro la participación de los equipos italianos en las competencias internacionales".

Uno de los artículos, introducido por pedido del Ministerio de Economía, contempla la intervención técnica sobre las sociedades auditoras de los clubes de fútbol que cotizan en Bolsa, y otro refiere a las elecciones de los presidentes de las federaciones más allá de un tercer mandato, para lo cual será necesario contar con dos tercios del total de los votos emitidos. La polémica está servida…