(De la redacción de DOBLE AMARILLA) La “ley anti-barras” no tendrá tratamiento en la Cámara el próximo 27 de marzo tal cual lo pretendía el bloque oficialista de Cambiemos, luego que las comisiones de Legislación Penal y de Deportes acordaran realizar dos jornadas de interacción con representantes del fútbol para escuchar sus visiones y aportes.

Gabriela Burgos y Daniel Scioli, que presiden ambas comisiones, fueron los encargados de comunicar esta decisión que incluirá dos invitados por bloque (AFA, Agremiados, Árbitros y clubes) y que se realizarán en no más de dos jornadas para evitar dilatar el dictamen y el tratamiento posterior en Cámara para su votación.

Las reacciones fueron diversas. El diputado Fernando Iglesias del bloque oficialista Cambiemos protestó esta medida y dijo que es una forma de dilatar y 'cajonear' la ley y acusó a los opositores de no querer brindar un dictamen para su votación en Cámara.

El Frente para la Victoria y el Frente Renovador saludaron esta posibilidad del debate para buscar un consenso y evitaron las chicanas y las acusaciones para no repetir los hechos bochornosos de la última reunión de Comisiones. Luego, el también oficialista diputado Jorge Enriquez, se mostró más conciliador y recordó las palabras de Julio Grondona que le dijo: "La seguridad no es problema nuestro sino del Estado" y agregó que ese halo continúa en el discurso de los actores del fútbol.

Los puntos que evitan un acuerdo tienen que ver con las penas a los dirigentes, que van hasta 3 años de prisión para aquellos que financien a los barras o que le entreguen entradas. En este punto hubo planteos para que la normativa deje en claro a quiénes no pueden darle tickets. 

Otro artículo de la discordia, y que más polémica genera, tiene que ver con la prohibición para que funcionarios públicos puedan ocupar cargos en las comisiones directivas de los clubes de Superliga y Nacional B. Esa iniciativa es impulsada por la Colación Cívica, uno de los aliados de la coalición Cambiemos.

Como ya contó "Doble Amarilla", muchos dirigentes plantean que esa restricción es inconstitucional y adelantan que irán a la Justicia en caso que se apruebe. En principio quienes ocupen cargos públicos (nacionales, provinciales o municipales) no podrán integrar las comisiones directivas, aunque sí podrían ser representantes de socios.

Por lo pronto habrá dos jornadas más de Comisiones con invitados al debate del ámbito del fútbol y luego, recién se buscará uno (o varios) dictamen(es) para llevar al recito para su votación en Cámara. Esta no es una buena noticia para Mauricio Macri, que tiene entre sus puntos centrales del primer semestre la aprobación de esta ley en el Parlamento.