Después del bochornoso operativo policial y de seguridad que provocó que la final de la Copa Libertadores deba jugarse en Madrid, la ley anti-barras se convirtió en prioridad dentro de la agenda futbolística del Gobierno, inclusive desplazando temporalmente a objetivos como la modificación del Decreto 1212 o de la apertura hacia las Sociedades Anónimas Deportivas.

En diciembre la ley consiguió su aprobación en general en Diputados, pero luego se trabó en su tratado en particular. El Gobierno decidió barajar y dar de vuelta. Trabajó en el verano para llegar a un consenso de un nuevo texto que no fracase en el recinto. El martes fue el primer intento de lograr dictamen, pero el debate terminó en un escándalo con insultos entre parlamentarios. Hoy será el segundo intento para firmar dictamen y poder tratarla el próximo 27 en el recinto.

El primer tópico que generaba discordia fue la suba de las penas de prisión para dirigentes que apañenen o financien a los barras. Sin embargo, tal como viene anticipando Doble Amarilla, el punto álgido tiene que ver con la prohibición para que los funcionarios o empleados públicos puedan ser dirigentes de clubes. 

Según pudo confirmar Doble Amarilla, en los últimos días la coalición cívica redobló la presión sobre el Gobierno para que incluya sí o sí este punto dentro de la ley contra los barras. “El fin de semana Carrió presionó a fondo y bajó la línea de que ese punto es innegociable”, remarca una fuente del oficialismo a este medio.

¿Pero cómo es este cambio revolucionario para la política y el fútbol? Según pudo confirmar Doble Amarilla, el gobierno hará una jugada de pinza. Por un lado incluye una artículo especial en el texto de la ley anti barras y por otro lado, modifica la ley de ética pública en su parte de “incompatibilidades y conflicto de intereses”. La ley anti barras incluirá en sus artículos uno que pide incorporar entre las incompatibilidades para ser funcionario público o empleado del estado a quienes “integren cualquier órgano de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); y/o asociaciones civiles u otras formas de organización societaria cuyos equipos participen de los torneos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional”.

Con este criterio todos los funcionarios que quieran aspirar a cargos directivos en la Superliga, AFA, o en equipos de Primera División o de la Primera B Nacional y sean funcionarios del Estado deberán optar por una de las dos tareas. Un ejemplo concreto es el de Christian Gribaudo, hoy Secretario en Boca y precandidato a presidente. En caso de aprobarse y ganar las elecciones en el club, Gribaudo deberá elegir entre ser presidente de Boca y ser funcionario de María Eugenia Vidal. Hoy es titular del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Como el de Gribaudo hay decenas de ejemplos en ambas categorías.

Como está la redacción del texto al que tuvo acceso Doble Amarilla, ser dirigente de fútbol es tan incompatible con la función pública como lo es ser accionista de una empresa proveedora del Estado.

Por más que se apruebe las ley, y debido a la redacción ambigua, luego habrá que definir cuál es el alcance de la prohibición. Queda claro que los presidentes y miembros de las comisiones directivas no pueden ocupar cargos públicos ni ser empleados del estado, pero no queda claro respecto a quienes ocupan cargos gerenciales o son también empleados de los clubes.

Finalmente, en principio, no están incluidos en esta incompatibilidad los dirigentes sindicales. Es que los líderes de los sindicatos no están alcanzados por la Ley de Etica Pública, pese a que actualmente desde el oficialismo se se impulsa una modificación de la norma que busca incluirlos en la obligatoriedad de entregar Declaraciones Juradas patrimoniales.